El Artai está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará?

Por fin repuestos del habitual agotamiento festivo del San Xoán, y para sacarnos de la falta de actualidad local, el domingo caía la noticia bomba de este mes de junio. El Tribunal Supremo ratificaba una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que obliga a derribar el edificio del colegio Artai, situado en la salida de la carretera de Razo. Al parecer, la autorización de obra otorgada en su día por el Concello de Carballo tras el informe favorable de Urbanismo de la Xunta no se ajusta a derecho por ubicarse en terrenos rústicos, y ahora toca proceder a la demolición para devolver las cosas a su estado anterior.

Las interpretaciones políticas no se han hecho esperar. El por entonces alcalde Manuel Varela Rey defiende la actuación de su gobierno porque el permiso de obra contaba con todos los informes técnicos favorables tanto del personal municipal como del autonómico, precisamente el organismo encargado de permitir la construcción en un terreno rústico. Por su parte el actual alcalde, Evencio Ferrero, se ha mostrado prudente y preocupado, pues ahora a él toca cargar con un sonoro “marrón”, toda vez que el Artai lleva años funcionando y es un centro educativo fundamental para Carballo.

Pero las suspicacias en este asunto van aún más allá, puesto que uno de los propietarios del colegio es la esposa de ex-regidor Varela, aspecto que en su día fue criticado en un primer momento por el BNG. Y sin embargo, como la vida tiene muchos y sorprendentes giros, también se da la circunstancia de que en el mismo centro participan personas próximas a la órbita nacionalista, aspecto que posiblemente hizo a los de Ferrero reconsiderar y moderar su postura más tarde. Así pues, así están las cosas, con un colegio enladrillado que un orden judicial ordena desenladrillar y un grave problema encima de la mesa para todos los actores de la función: el anterior gobierno popular ve comprometida una polémica autorización suya; el actual gobierno se ve en la tesitura de derribar un colegio; la justicia tiene que velar por el cumplimiento sus sentencias; los propietarios ven amenazada una importante inversión; y muchos padres temen por el futuro académico de sus hijos en una ciudad que ya viene padeciendo en los últimos años la carencia de plazas escolares. ¿Qué sucederá ahora? Y a mayores de todo esto, una pregunta en el aire: ¿se sancionará a aquellos que en su día informaron favorablemente y permitieron así todo este gran lío?